El Gobierno no prevé recursos adicionales a las autonomías para sanidad y ayudas a las que accederán los inmigrantes regularizados

El Gobierno no prevé recursos adicionales a las autonomías para sanidad y ayudas a las que accederán los inmigrantes regularizados Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Algunas comunidades reprochan al Gobierno no haber hablado con ellas ni haberles dotado de recursos de cara a las nuevas prestaciones a las que tendrán derecho los beneficiados, mientras el Ejecutivo defiende que la regularización no implicará un aumento del gasto.

La regularización de inmigrantes comenzará este jueves y no bastará la declaración jurada para acreditar ausencia de antecedentes El Gobierno no prevé destinar recursos económicos a las comunidades autónomas para que asuman los efectos que pueda acarrear la oleada de regularizaciones de inmigrantes que se espera a partir de este jueves, cuando entre en vigor el decreto aprobado en el último Consejo de Ministros.

Una regularización extraordinaria de la que se estima que se beneficien entre 500.000 y un millón de inmigrantes 'sin papeles' en España, que obtendrán un permiso de residencia y trabajo para un año, y a quienes se les dará un número de afiliación a la Seguridad Social y acceso a la tarjeta sanitaria del territorio en el que residan, lo que les permitirá acceso a ayudas sociales y prestaciones públicas como un ciudadano más.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones —el principal impulsor de la norma— confirman que la regularización tendrá un impacto presupuestario "neutro", es decir, que no irá acompañada de ninguna partida económica específica para hacer frente a ese aumento de personas que pasarán a estar registradas como ciudadanos en cada región.

El Ejecutivo defiende que los inmigrantes beneficiados ya llevan tiempo viviendo y trabajando en España, accediendo a la educación y a la sanidad, por lo que su regularización "no implicará un aumento del gasto para las comunidades autónomas".

En Moncloa alegan que son las administraciones autonómicas las que, en todo caso, tendrán que hacerse responsables de sus servicios para absorber el incremento de población regularizada.

Este, no obstante, ha sido un punto de fricción en los últimos días.

El Consejo de Estado ya lo advirtió en su informe del pasado jueves, en el que hablaba de una "laguna llamativa" en el impacto presupuestario.

"Resulta sorprendente que, en relación con el específico impacto presupuestario, solo señala que 'está siendo objeto de estudio', lo que representa una laguna llamativa a la vista del alcance del proceso de gestión que esa nueva reglamentación comportará", subraya el órgano consultivo presidido por Carmen Calvo.

También algunas comunidades han criticado esa ausencia de una financiación específica para asumir el impacto de la medida.

Muchas temen que, sin recursos, no puedan gestionar los servicios públicos que se verán directamente afectados por la regularización: sanidad, educación y servicios sociales.