El Gobierno perfila la regularización de inmigrantes tras las reticencias del Consejo de Estado sobre algunos trámites

El Gobierno perfila la regularización de inmigrantes tras las reticencias del Consejo de Estado sobre algunos trámites Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Se prevé que este martes se apruebe el decreto que dará papeles a más de 500.000 inmigrantes.

El órgano consultivo avaló el texto, pero pidió ser más estricto a la hora de demostrar la ausencia de antecedentes penales.

Correos asumirá "sin recursos" casi todas las regularizaciones de inmigrantes: "La plantilla no sabe de qué va esto" El Gobierno aprobará este martes el decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes, del cual podrán beneficiarse entre 500.000 y un millón de extranjeros 'sin papeles'.

Salvo cambio de última hora, el Consejo de Ministros dará luz verde a la que será la séptima regularización llevada a cabo en los últimos 40 años en España, para dar comienzo a un procedimiento que se alargará, en principio, hasta el 30 de junio.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha estado trabajando contrarreloj estos últimos días para introducir en la norma las observaciones emitidas por el Consejo del Estado, que el pasado jueves avaló el texto, aunque con matices, con especial preocupación por la ambigüedad en aspectos clave como la presentación de antecedentes penales o la acreditación de permanencia en España.

Según avanzó este lunes el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el Ejecutivo ha estado trabajando intensamente en las últimas horas con la idea de que el decreto pueda aprobarse este martes, y así no dilatar más un proceso con plazos muy reducidos, de apenas dos meses.

La norma, que se anunció en enero tras un pacto entre el PSOE y Podemos, concederá un permiso de un año para residir y trabajar en España a todos aquellos inmigrantes que estuvieran en el país antes del 1 de enero de 2026 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia.

El único requisito que impone el Gobierno es que el solicitante no cuente con antecedentes penales por los delitos previstos en el ordenamiento jurídico español.

Para eso, el inmigrante deberá pedir un informe a su país de origen y, en el caso de no recibir respuesta, el decreto permite la presentación de una declaración responsable del propio solicitante.

Los apuntes del Consejo de Estado Este es, precisamente, uno de los asuntos en los que hizo hincapié el Consejo de Estado en su informe, en el que señala dudas sobre qué antecedentes computan, el ámbito territorial y la forma de acreditación.

"No queda suficientemente precisado el alcance de la exigencia relativa a la carencia de antecedentes penales", subrayó el órgano consultivo liderado por Carmen Calvo.