El Gobierno vuelve al 'lawfare' en los casos de corrupción que le asedian y desoye el aviso de los socios que le piden terminar la legislatura

El Gobierno vuelve al 'lawfare' en los casos de corrupción que le asedian y desoye el aviso de los socios que le piden terminar la legislatura Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

La actitud del PSOE también ha hecho que Sumar haya endurecido su tono e incluso se haya abierto en el grupo parlamentario un debate para tomar medidas "drásticas" si hay "pruebas contundentes" de los casos investigados.

Feijóo acusa a Sánchez de no convocar elecciones por "avaricia" o por "miedo a no ser capaz de esconder el botín" El Gobierno vuelve a apuntar, esta vez de manera más abierta aún, a la tesis de que el PSOE y la Moncloa están siendo víctimas de lawfare después de los registros de la UCO en Ferraz para recabar documentación sobre una posible trama dirigida a desestabilizar causas judiciales que afectan al partido, al propio Ejecutivo y al entorno de Pedro Sánchez y que el juez Santiago Pedraz apunta que organizó Santos Cerdán.

Hasta tres ministros, con Óscar Puente a la cabeza, han pedido "dejar trabajar" a la Justicia, pero no han dudado en alentar, de manera más o menos directa, la idea de que existe una operación para derribar al Gobierno.

Y todo ello mientras desoye las declaraciones de socios como PNV, Junts o Podemos, que ya piden elecciones, y Sumar endurece el tono y ha llegado a abrir un debate interno en su grupo parlamentario.

Además, la actitud del PSOE está generando resquemores incluso en el propio PSOE.

Algunos sectores del partido no entienden el vacío informativo de su cúpula en las horas posteriores a los registros autorizados por la Audiencia Nacional.

Este jueves, antes de que el presidente Pedro Sánchez pidiese comparecer en el Congreso para informar de la situación, la secretaria de Organización, Rebeca Torró, se limitó a hacerse eco a través de sus redes sociales de un comunicado publicado por la formación en el que niega haber "ordenado, amparado o coordinado" una operación de las características que investigan las autoridades.

"Una vez se levante el secreto de sumario y analicemos en profundidad todos los detalles, daremos todas las explicaciones pertinentes", puntualiza en el escrito el PSOE, que, no obstante, también defiende que "no resulta fácil de entender que existan dos procedimientos sobre los mismos hechos", en referencia al caso que abrió el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que imputó a la supuesta fontanera Leire Díez.

Sin embargo, en dicha causa no estaban imputados otros actores del partido como Santos Cerdán o Gaspar Zarrías, que sí cuentan con la condición de investigado tras la operación de este miércoles.

Quien de manera más directa apunta al lawfare es el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Para él, "todo el mundo sabe lo que está pasando": "Hay intereses claros para derribar al Gobierno con métodos nada democráticos", afirmó este jueves.