El PSOE se enfrenta a una imputación como persona jurídica en la causa de las cloacas de Ferraz

El PSOE se enfrenta a una imputación como persona jurídica en la causa de las cloacas de Ferraz Los agentes de la UCO reclamaron al partido el Programa de Cumplimiento Normativo y que identificara a su responsable en el período 2024-2025 Tribunales El PP dirigirá a las acusaciones populares del 'caso Plus Ultra' contra Zapatero Tribunales La relación íntima de la fontanera del PSOE con el ex presidente de la SEPI permitió aflorar las conversaciones que borraba de Cerdán De nuevo, los pagos realizados por Ferraz se sitúan en el ojo de huracán.

La causa de las cloacas del PSOE ha puesto de relieve que la formación de Pedro Sánchez pagó presuntamente a la denominada como fontanera, la ex militante Leire Díez, 4.000 euros mensuales a cambio de obstaculizar las causas de corrupción que afectan al partido, al Gobierno y a la familia del jefe del Ejecutivo, según consta en la investigación llevada a cabo por la Audiencia Nacional.

En sus autos, el magistrado Santiago Pedraz afirma que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, hombre fuerte de Ferraz, "habría puesto a disposición de la trama criminal la propia estructura del partido".

El PSOE, según el juez, soportó "desde sus inicios" el coste de la actividad desplegada por la presunta organización criminal que tenía por objetivo sobornar y amedrentar a jueces, fiscales y miembros de la UCO, además de boicotear los procesos judiciales en curso.

Por otro lado, el partido permitió que la trama delictiva "se sirviese de su personal para el desarrollo de las funciones administrativas", "aportó sus dependencias para la celebración de sus reuniones" y sufragó el "coste de la logística" de algunos de los miembros de la red.

La gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, se encuentra ya imputada en este procedimiento judicial por "la emisión de facturas mendaces" que permitirían "la trasferencia de fondos con destino Leire Díez".

Fuentes de la investigación consultadas por EL MUNDO indican que uno de los objetivos con los que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpió el pasado miércoles en Ferraz fue localizar las facturas y contratos a través de los que se camuflaron y canalizaron los pagos a la fontanera del PSOE y al resto de miembros de la trama corrupta, como, por ejemplo, el ex dirigente socialista Gaspar Zarrías y los letrados Jacobo Teijelo o Ismael Oliver, entre otros investigados.

Uno de los documentos que los agentes tenían orden de incautar era el Programa de Cumplimiento Normativo (el modelo de prevención de delitos del partido) que resultaba de aplicación en los años 2024 y 2025.

Asimismo, la UCO tenía indicación expresa del magistrado de identificar al responsable del cumplimiento normativo en esos años (compliance officer).

La Guardia Civil también pidió información detallada del procedimiento interno establecido en el PSOE para la "autorización de gastos y la realización de pagos, en relación con las facturas presentadas p...