El Supremo plantea paralizar la regularización masiva de inmigrantes por "colisionar contra la Unión Europea"

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En concreto, con el Pacto de Migración y Asilo.

Es la advertencia que lanza el Tribunal Supremo en una providencia fechada el 24 de junio, a la que ha accedido EL MUNDO, como respuesta a sendos recursos interpuestos por los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Aragón.

A raíz de esas dudas, el Alto Tribunal español abre la puerta a una posible paralización del proceso de regularización.

Primero, porque pone los mimbres para elevar la «duda» sobre la legalidad de la medida al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que podría frenar la regularización masiva.

De hecho, el Alto Tribunal abre un trámite de audiencia a las partes y les da cinco días para que puedan formular «alegaciones» sobre «la procedencia de formular ante el TJUE cuestión prejudicial interpretativa» sobre esta medida.

Y, además, porque el propio Supremo puede decidir paralizar las tramitaciones mientras se dirime el encaje del Real Decreto español en la normativa comunitaria.

El Real decreto de regularización de inmigrantes, en vigor desde el pasado 14 de abril, ha desbordado las expectativas.

El plazo para acogerse al proceso extraordinario concluye hoy, y ya se han registrado más de 1,2 millones de solicitudes.

Cifra que, como recuerda el Sindicato Unificado de Policía (SUP), más que duplica las estimaciones iniciales del Gobierno, que apuntaba a una regularización potencial de 500.000 personas.

La Sala Tercera del Supremo destaca en su providencia seis bloques de posibles incompatibilidades de la medida española con el Derecho de la UE.

El primero es que el Pacto de Migración y Asilo ya estaba en vigor cuando se aprobó el decreto en el Consejo de Ministros, aunque aún no era aplicable (no lo fue hasta el 12 de junio).