La amnistía ha beneficiado a 403 personas tras su aprobación hace dos años

La amnistía ha beneficiado a 403 personas tras su aprobación hace dos años La ley del olvido Un total de 93 cargos políticos siguen pendientes de su aplicación La ley de amnistía aprobada hace dos años ha beneficiado a un total de 403 personas, de las cuales 181 son manifestantes o activistas independentistas, 158 policías y 64 cargos políticos, según datos de la plataforma de abogados Alerta Solidària.

Dos años después, siguen pendientes de su aplicación un total de 93 cargos políticos.

Se trata de aquellos casos que estaban a la espera de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que este jueves les ha dado la razón.

Entre ellos figuran Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, declarados en rebeldía y con una orden de detención dictada por el Tribunal Supremo; así como Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, que fueron indultados de la pena de prisión por el delito de sedición por el que fueron condenados, pero no de la pena de malversación, que implicaba la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Existe además un bloque de 35 ex altos cargos de la Generalitat que continúan pendientes de que se les retire formalmente la responsabilidad civil y contable por los gastos del 1-O y de la promoción exterior del procés.

El Tribunal de Cuentas paralizó la aplicación de la amnistía para plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE, lo que mantiene retenidas de forma preventiva sus fianzas y bienes.

En este grupo se encuentran, además de los citados anteriormente, el expresident Artur Mas, el exconseller Andreu Mas-Colell y decenas de ex secretarios generales, interventores y delegados de la Generalitat en el extranjero.

Entre los políticos pendientes de aplicación se encuentra Puigdemont, Junqueras y los encausados por el Tribunal de Cuentas Además, existe una causa en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que afecta a dos altos cargos de ERC, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, considerados los arquitectos de las estructuras de Estado.

No han sido juzgados y, a pesar de que solicitaron la aplicación de la ley de amnistía, el tribunal paralizó la decisión a la espera de lo que resolviera el TJUE.

Por su parte, los 35 miembros del sottogoverno de Puigdemont, que se encargaron de los preparativos del referéndum, fueron finalmente amnistados sin llegar a juicio.

Por otra parte, el conseller de Interior Miquel Buch, logró ser amnistiado a pesar de haber sido condenado cuatro años y medio de cárcel por malversación por haber contratado del escolta de Puigdemont.

Para el resto de colectivos, la ley de amnistía ha tenido una aplicación desigual dependiendo del órgano encargado de resolver cada caso y ha beneficiado en cifras similares tanto a manifestantes encausados como a policías investigados por la desproporción de sus actuaciones.