La "intimidación institucional" y el "efecto desaliento", claves en la imputación de la directora de la Guardia Civil por presiones a la UCO

La "intimidación institucional" y el "efecto desaliento", claves en la imputación de la directora de la Guardia Civil por presiones a la UCO El juez Pedraz investiga a Mercedes González y a Manuel Llamas por prevaricación y obstrucción a la Justicia.

La Fiscalía cree que "presionaron" a la UCO con expedientes Tribunales Las claves de la imputación de Mercedes González: "relación personal" con la 'fontanera', expedientes "intimidatorios", información "ocultada" a la UCO y desmentidos al juez Política El Gobierno "mantiene su confianza" en Mercedes González pese a su imputación en el caso de las cloacas del PSOE «La reiterada apertura de informaciones reservadas exclusivamente respecto de aquellos funcionarios que desarrollaban investigaciones de especial trascendencia, coincidiendo temporalmente con actuaciones procesales particularmente sensibles y carentes de una verdadera justificación disciplinaria, puede constituir un indicio especialmente significativo de que la finalidad real perseguida no era la depuración de eventuales responsabilidades administrativas, sino la generación de un efecto intimidatorio destinado a condicionar el desarrollo de las investigaciones.

En otras palabras, el expediente disciplinario dejaría de ser el objeto de valoración para convertirse en el instrumento empleado para ejercer la intimidación».

Así lo indicó la Fiscalía Anticorrupción y lo asumió el magistrado de la Audiencia NacionalSantiago Pedraz al imputar ayer a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas, por los delitos de prevaricación continuada y obstrucción a la Justicia en la causa de las cloacas del PSOE.

La investigación judicial tendrá que determinar si los imputados buscaron «el efecto desaliento» contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil derivado de «la utilización abusiva de la potestad disciplinaria como forma de intimidación institucional».

La sospecha de la Audiencia Nacional es que las informaciones reservadas que ordenó abrir la directora de la Guardia Civil, y ejecutó el DAO contra miembros de la UCO, fue empleada como «un mecanismo de presión dirigido a condicionar el ejercicio de las funciones de policía judicial» en las causas de corrupción que afectan al Ejecutivo, el PSOE y el entorno familiar del presidente Pedro Sánchez.

González y Llamas deberán declarar el próximo 16 de julio en calidad de investigados «al existir en la causa indicios de responsabilidad de los mismos en hechos que, prima facie, sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción de la causa, podrían presentar los caracteres de delito».

El juez Pedraz, de la mano de Anticorrupción, investiga las maniobras de la ex militante del PSOE Leire Díez, quien a sueldo del partido, planeó que se investigara a la UCO por posibles filtraciones en las causas que afectaban al Gobierno y a la familia del presidente.

De la instrucción judicial se desprende que la denominada...