Los directivos de Tubos Reunidos que pagaron a la trama de Cerdán están ya imputados y el PNV presiona para que el Estado alivie más la deuda a la empresa

Los directivos de Tubos Reunidos que pagaron a la trama de Cerdán están ya imputados y el PNV presiona para que el Estado alivie más la deuda a la empresa El ex presidente del grupo vasco, su actual CEO y su principal consejero, investigados por el rescate de 112,8 millones mientras que el Gobierno de Pradales quiere que esa deuda se "reestructure" Se acumulan los responsables de empresas rescatadas por el Estado tras la pandemia que terminan imputados por pagar a comisionistas para que les consiguieran el favor del Gobierno de Pedro Sánchez.

Según ha podido confirmar EL MUNDO de fuentes próximas a la investigación, tienen ya la condición de investigados (imputados) los tres directivos del grupo vasco Tubos Reunidos (TR) que acordaron presuntamente pagos a la trama del entonces secretario de Organización, Santos Cerdán.

Se trata del anterior presidente de TR, Francisco Irazusta, al que se atribuye haber pagado 114.950 euros a Mediaciones Martínez, la sociedad controlada por el trío dirigido por Cerdán formado por el ex presidente de la Sepi, Vicente Fernández, la fontanera Leire Díez y el dirigente de Servinabar, Antxón Alonso.

Irazusta logró que, semanas después de sus contactos con esta trama, el Consejo de Ministros desbloqueara el rescate de 112,8 millones a TR en julio de 2021.

Un pellizco fue para la trama.

También la UCO ha comunicado su condición de imputados e intentado tomar declaración al actual consejero delegado del grupo industrial vasco, Carlos López de las Heras, y el veterano y principal miembro del consejo de administración, Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia.

El CEO y el principal consejero acudieron al despacho de Cerdán en noviembre de 2024 para conseguir, según la UCO, un aplazamiento de unos 10 millones que debía pagar Tubos Reunidos al Estado por el rescate concedido tres años antes.

En efecto, semanas después, la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Belén Gualda, concedió el aplazamiento.

La UCO ha detectado pagos de 40.000 euros a Vicente Fernández por aquella gestión de la trama y, además, éste ha estado contratado como «asesor» durante cuatro años, desde diciembre de 2021 hasta su detención a finales de 2025, como publicó este diario el pasado lunes.

Los tres directivos de Tubos tendrán que responder si cometieron delitos de tráfico de influencias, entre otros, para arrancar el rescate al Gobierno y su alivio a través de esta trama de Ferraz.

De las Heras se negó a declarar el pasado jueves ante la UCO por consejo de su abogado y en la empresa se limitan a asegurar que su «único interés» es «colaborar con la Justicia».

Estos directivos se unen así al festival de gestores salpicados en empresas rescatadas.