¿Qué ocurre con los alquileres cuando el decreto decaiga? Se prevén demandas de los inquilinos

¿Qué ocurre con los alquileres cuando el decreto decaiga?

Se prevén demandas de los inquilinos Vivienda La no convalidación de la ley en el Congreso de Diputados abre un escenario inexplorado, con consecuencias jurídicas poco claras para arrendatarios y propietarios, y con el foco puesto en las decisiones que puedan tomar los tribunales El rechazo en el Congreso de los Diputados del decreto que contiene la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, que aprobó hace un mes el Gobierno, abre un escenario de inseguridad jurídica que enfrenta a inquilinos y propietarios de vivienda.

Todos los expertos consultados coinciden en señalar que podría iniciarse una oleada de denuncias (en el sindicato UGT hablan de “avalancha”) por parte de los arrendatarios que ven cómo su casero no quiere prolongarles las condiciones de su actual contrato.

El escenario, desde el punto de vista jurídico, es inédito.

¿Qué contempla el decreto?

El real decreto-ley que prorroga los alquileres ha permitido, durante sus semanas en vigor, que los arrendatarios puedan solicitar una extensión obligatoria del contrato durante un plazo máximo de dos años.

Aquellos inquilinos cuyo contrato se ha extinguido en este tiempo en el que la norma ha estado en vigor han podido solicitar dicha prórroga y los propietarios de la vivienda han estado obligados a prolongar durante dos años las mismas condiciones del arrendamiento.

¿Qué pasa si el contrato se extingue a partir de mañana?

Ahí está la clave del embrollo jurídico.

Si el contrato decae a partir de mañana, una vez que el decreto no está en vigor, hay quien interpreta que la norma tiene vigencia y, por tanto, las familias o jóvenes en alquiler tienen derecho a disfrutar de una prórroga de su contrato en las mismas condiciones.

Para ello, el inquilino tenía que haber enviado, durante el periodo de vigencia del decreto, un burofax a su casero solicitando dicha prolongación del acuerdo de alquiler.

La doctrina del Tribunal Constitucional establece que “el resultado negativo en la votación de convalidación produce la inmediata cesación de los efectos del decreto-ley y su desaparición del ordenamiento, pero no la anulación de los efectos producidos durante su vigencia”.