Vox ordena a sus grupos municipales retar al PP con la “prioridad nacional” en los ayuntamientos

Vox ordena a sus grupos municipales retar al PP con la “prioridad nacional” en los ayuntamientos El partido ultra ha dado instrucciones a sus concejales de que voten contra las propuestas del PP si no acepta su órdago sobre inmigración Vox cree haber hallado en la llamada “prioridad nacional” —la discriminación de los inmigrantes respecto a los españoles en el acceso a subvenciones y servicios públicos— un inesperado gancho electoral, una idea que cala fácilmente en amplios sectores de la población, sobre todo en los más humildes, además de incomodar a algunos barones del PP.

Tras haber conseguido meterla en los acuerdos de gobierno en Extremadura y Aragón para investir a los populares María Guardiola y Jorge Azcón, la cúpula de Vox ha decidido llevar la batalla a los parlamentos autonómicos y ayuntamientos en los que está presente y convertirla en eje de su campaña para las elecciones andaluzas del 15 de mayo.

Su objetivo: obligar al PP a retratarse.

O asume el discurso de Vox o lo confronta, alineándose con la izquierda.

Tras plantear el jueves una proposición no de ley en las Cortes Valencianas para que el PP reconozca expresamente la “prioridad nacional”, a pesar de que no figuraba en el pacto que permitió la investidura de Juan Francisco Pérez Llorca como presidente, este viernes ha presentado iniciativas similares en los parlamentos navarro y murciano.

En este último ha condicionado su apoyo a la ley regional de vivienda a que la preferencia de los españoles se incorpore al proyecto.

Además, ha dado instrucciones a sus grupos municipales para que presenten mociones en las que reclamen que se “establezca la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda”.

Los concejales de Vox deben plantear su iniciativa en respuesta a otra del PP que pretende que los ayuntamientos se pronuncien en contra del proceso de regularización de inmigrantes actualmente en curso y exijan al Gobierno la retirada del decreto que lo puso en marcha, con el argumento de que “cualquier proceso de regularización debe ser individualizado” y contar con “un procedimiento transparente, criterios claros y definidos, así como una financiación suficiente para que los municipios puedan afrontar su impacto”.

Vox coincide con el PP en su rechazo al proceso de regularización, pero la orden que la dirección nacional ha dado a sus ediles no es la de intentar consensuar un texto, sino presentar enmiendas de sustitución al texto de los populares.

“En caso de que no las acepten, debemos votar en contra.

Y el discurso debe recoger el contenido de nuestras enmiendas”, advierte la circular a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Se dará, en sentido inverso, la situación que se vivió el pasado miércoles en el Congreso, cuando Vox se negó a aceptar la enmienda del PP a su moción sobre “inmigración masiva”, a pesar de que la propuesta de los populares reproducía textualmente el pacto de gobierno de Extremadura.